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Partido del Trabajo propone regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles

16 mar 2017
11h28
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El Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional que plantea que las Fuerzas Armadas dejen las tareas de seguridad pública en estados y municipios y regresen a los cuarteles en un plazo de tres meses.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria del Senado, deroga y reforma los artículos 73 y 89 de la Carta Magna y busca que la facultad de preservar la seguridad nacional corresponda garantizarla a todos los ciudadanos y a la totalidad de las autoridades del Estado.

Asimismo, la bancada que coordina el senador Manuel Bartlett contempla someter a juicio político a los gobernadores que resulten responsables por acción u omisión de no asumir sus competencias en materia de seguridad pública.

La iniciativa plantea que el presidente de la República podrá disponer de la autoridad militar para defensa exterior e interior sólo si queda también subordinada al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales previstos en la Constitución.

La iniciativa del PT establece que en el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma, los integrantes de las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, sin que puedan atender tareas de seguridad pública ni ninguna otra que no esté comprendida en el artículo 89 constitucional.

Además, propone que en un plazo de tres meses después de la entrada en vigor del decreto, las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno asuman sus competencias en materia de seguridad pública.

Contempla que la autoridad estatal que no pueda reasumir sus competencias íntegramente, lo comunicará al titular del Ejecutivo federal para que inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías, además de iniciar los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan contra el gobernador.

Los senadores petistas proponen crear una Comisión de la Verdad electa por los ciudadanos para investigar actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos en el actual y anterior sexenios respecto a las conductas de los responsables civiles y militares.

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