Bruselas, Bélgica.- El Instituto Federal Electoral (IFE) actuó con tibieza ante las denuncias de compra y coerción del voto registradas durante la elección presidencial en México, como fue la entrega de tarjetas monedero a cambio de apoyo al PRI, señala el reporte final de la Misión de Expertos Electorales (MEE) de la Unión Europea (UE).
"La MEE comparte la opinión de algunos analistas y observadores que consideraron la aparente falta de actuación del IFE, como abiertamente conservadora y como una oportunidad perdida para emitir una señal de desaprobación hacia ese tipo de prácticas", sostiene el documento al que tuvo acceso REFORMA.
El informe recuerda que el IFE, argumentando que carecía de pruebas, decidió no dictar medidas cautelares para congelar las cuentas bancarias a través de las cuales el PRI supuestamente hizo pagos a sus operadores para la compra de votos.
"Los acontecimientos postelectorales, llenos de acusaciones sobre la inequidad de las elecciones, supuestamente debida a la compra y coerción del voto, han puesto de manifiesto los pobres logros del IFE al respecto", señala.
"Las medidas legales que actúan como elementos disuasorios existen y podrían ser aplicadas de manera más enérgica y sistemática por las autoridades competentes, la Procuraduría General de la República, y más contundentemente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)", añade el informe.
El Código Penal, recuerda, castiga la compra de votos y a los infractores con la inhabilitación, la suspensión del cargo o la cárcel.
El documento reconoce algunos avances en materia de regulación de medios, entre ellos la prohibición de la compra de propaganda en radio y televisión para reducir el derroche de recursos, así como la dependencia de los políticos respecto de los grandes poderes económicos.
Sin embargo, afirma que el IFE falló en su función de arbitraje a pesar de que no escatimó recursos en el rubro tecnológico y de que sabe que las trasmisiones a favor o en contra de un candidato pueden ser determinantes en el curso de una campaña electoral.
"Problemas estructurales de los medios, particularmente la falta de seguridad y la concentración del sector audiovisual, sólo pueden ser abordados parcialmente por el IFE, que carece de instrumentos suficientes y del mandato legal para atajarlos", admite el texto.
Advierte que tampoco hubo efectividad ante lo que se percibió como un aumento de la compra clandestina de cobertura editorial como resultado de la prohibición a los partidos de contratar directamente publicidad audiovisual.
"La instancia judicial correspondiente no debería renunciar a la investigación de este tipo de prácticas, por mucho que la existencia de pactos secretos entre partidos y medios de comunicación para obtener cobertura informativa pueda ser muy difícil de demostrar con pruebas concluyentes", indica.
Para un efectivo monitoreo de medios recomienda poner los instrumentos tecnológicos del IFE a disposición de grupos de investigación independientes capaces de operar bajo parámetros metodológicos rigurosos.
"Un monitoreo de comunicación de las características que proponemos (...) podría no sólo proporcionar evidencias para el esclarecimiento de casos como los denunciados durante la campaña de 2012, en particular, el supuesto acuerdo entre PRI y Televisa para impulsar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, sino enriquecería el debate sobre el sesgo mediático", sostiene.
En cuanto a las casillas especiales, el documento señala que fueron insuficientes y no estuvieron protegidas contra el fraude.
El informe refleja los resultados de la misión electoral europea autorizada por la Alta Representante de la Política Exterior de la UE, Catherine Ashton, que se desplazó a México durante las cinco semanas previas a los comicios.
El estudio concluye que las elecciones transcurrieron "en términos generales en calma".
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