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María Amparo Casar: Prioridades y mayorías

4 sep 2012
06h27
actualizado a las 06h29
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Con la declaratoria de validez de las elecciones, la constancia de presidente electo a Peña Nieto y la instalación de la LXII Legislatura regresamos a la normalidad democrática.

Aunque sin mayoría en el Congreso el PRI lleva la mano y comienza con muchas condiciones a su favor. Es el partido en el gobierno y la primera minoría en ambas Cámaras, la unión de sus principales adversarios no alcanza para imponer una agenda contraria a su proyecto y cuenta con más del 60% de los gobernadores. Además, la agenda del PRI encuentra coincidencias con las de los otros partidos y en unos casos aliándose con el PRD y en otros con el PAN puede asegurar las mayorías requeridas.

Como siempre en política, la transformación de coincidencias en acuerdos depende de la conducta de los actores. El PAN podría optar por cobrarle al PRI la factura de no haberle dado el apoyo que buscó el presidente Calderón durante su mandato. El PRD podría hacerle caso a AMLO y no prestar su colaboración al partido de un gobierno que considera ilegítimo. Por fortuna, las primeras expresiones públicas de ambos partidos apuntan en otra dirección. El PAN ha dicho que no habrá revancha. El PRD ha manifestado en boca de su coordinador en la Cámara de Diputados la voluntad de ese partido para construir acuerdos y no quedarse en el reclamo. En su primer discurso, Silvano Aureoles declaró no querer ser "una fuerza marginal" ni asumir una "posición contestataria". Por el contrario, anunció el propósito de "construir los acuerdos y los consensos para que el país avance" precisando que el cambio verdadero lo promoverán a través de las reformas y nuevas leyes en el Congreso. Hasta el momento son sólo declaraciones y tendrían que transformarse en realidades pero, al menos, son un buen comienzo.

De qué dependerá entonces el éxito del próximo gobierno. En buena medida, de que el PRI sepa establecer sus prioridades y no desdibuje ni su agenda ni sus iniciativas en aras de buscar la legitimidad a través de que todas las fuerzas políticas se sumen a ellas. Los cinco gobiernos sin mayoría (1997-2012) fallaron en ambos frentes. Ninguno de ellos supo apostar y concentrarse en las dos o tres reformas de gran calado que apuntalaran el proyecto de gobierno y ninguno resistió la tentación de querer pasar sus iniciativas con el concurso de todos los partidos con representación en el Congreso pensando que el valor y legitimidad de una ley está en función del número de votos que recaba.

En ambos terrenos veo signos poco alentadores. Del lado de las prioridades habría que decir que Peña Nieto basó su campaña en la promesa del crecimiento y planteó que para ello hacía falta empujar una serie de reformas económicas y sociales que permitieran concretarlo. Pasado el tiempo y en vista de las críticas al PRI optó por establecer como su carta de presentación la venta de tres iniciativas que tienen que ver con lo que él llama el ejercicio de una Presidencia democrática: mayor transparencia, comisión anticorrupción y regulación de la publicidad gubernamental.

No se trata de despreciar la importancia de estas iniciativas pero está claro que una de las mejores vías para incrementar el aprecio de la democracia entre los ciudadanos y legitimar a los gobiernos es la de elevar su nivel de vida entregándoles los bienes y servicios que demandan. Las dos agendas no se contraponen y podrían perseguirse simultáneamente pero, si hubiera que apostar el tiempo, la concentración de esfuerzos y capital político, más valdría hacerlo en pos de las reformas económicas.

Del lado del proceso legislativo, preocupa que tanto los coordinadores parlamentarios como la dirigencia del PRI y el propio Peña Nieto insistan una y otra vez que no utilizarán su mayoría para aplastar, doblegar o avasallar a las oposiciones; que buscarán consensos y no impondrán su agenda. Está bien buscar acuerdos pero no a costa del proyecto de gobierno ni de la coherencia o efectividad de las políticas públicas. Hay que insistir, en democracia el verbo mayoritear ya no cabe y en un escenario de pluralidad la mayoría manda. En el concierto de la democracia las reformas constitucionales logradas con 2/3 de los votos parlamentarios son igualmente legítimas que aquellas que reciben el 90% de los mismos. Iniciativas de ley ordinaria apoyadas por el 51% o por todos los legisladores valen lo mismo. Peña Nieto no obtuvo la mayoría absoluta de los votos ni llegó con el consenso de todos los electores, pero es el presidente legítimo porque así lo decidió la mayoría de los mexicanos.

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