México

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18 de enero de 2014 • 09:39

Jaime Sánchez Susarrey: Qué hacer

Sabemos que Los Templarios son una organización criminal que roba, extorsiona, asesina y cobra derecho de piso; además, que secuestra y viola muchachas y jovencitas.

Sabemos, por diferentes testimonios, incluido el obispo de Apatzingán, que allí donde las autodefensas se han desarrollado, el poder del crimen organizado ha sido contenido.

Sabemos que la estrategia de Calderón fue un completo desastre. Hacia el final de su gobierno anunció la muerte de El más loco y la desintegración de La Familia. Nada era cierto.

Sabemos que La Familia se transformó en Los Templarios y que su poder se incrementó exponencialmente. Los cercos de la Ruana y Tepalcatepec, el año pasado, lo ejemplificaron a la perfección.

Sabemos que la presencia de las fuerzas federales no puede ser indefinida. Y que, una vez que empiece la retirada, Los Templarios regresarán para ajustar cuentas.

Sabemos que el poder de Los Templarios ha derivado en la cooptación de múltiples autoridades y policías municipales.

Sabemos que el poder de los Templarios va más allá de Tierra Caliente y extorsionan, de manera generalizada, a diferentes sectores de la población, como los ganaderos.

Sabemos que la fuerza y la impunidad de Los Templarios no se puede explicar sin la complicidad o la tolerancia de las autoridades estatales.

Sabemos que el actual secretario de Gobierno, Jesús Reyna, que fungió como gobernador interino, minimizó el problema de Tierra Caliente y se pronunció en contra de las autodefensas, como si estuvieran al mismo nivel que el crimen organizado.

Sabemos que el repliegue del crimen organizado no fue obra de las autoridades municipales y estatales, ni tampoco de las federales, sino de las autodefensas que se propusieron sacar a Los Templarios de Apatzingán, Nueva Italia y Aguililla.

Sabemos que las autodefensas de la región de Tierra Caliente no buscan enfrentar al Estado, sino combatir a los Templarios.

Sabemos que los líderes de las autodefensas tienen nombre y apellido, no se esconden en la sierra ni usan pasamontañas, sino dan la cara y hacen pronunciamientos públicos exigiendo que el gobierno federal detenga a los principales jefes Templarios.

Sabemos que las autodefensas tienen fundados temor y recelo de ser desarmadas, porque una vez que las fuerzas federales se retiren, sus integrantes serán perseguidos, asesinados, y habrá poblaciones arrasadas.

Sabemos que la Constitución establece el derecho a la legítima defensa y, en el artículo 16, faculta a cualquier ciudadano a detener a quien esté cometiendo un delito.

No se puede, en consecuencia, equiparar a ciudadanos que se han armado para defenderse con criminales que asesinan, extorsionan y violan.

Tampoco se puede emprender el desarme de las autodefensas cuando no se ha detenido a los principales jefes Templarios, que, a decir de la diócesis de Apatzingán, todo el mundo sabe dónde se encuentran.

La nueva estrategia del gobierno federal va, por una parte, más allá de lo que hizo Felipe Calderón; pero, por la otra, reedita el envío de las fuerzas federales, como si fuera la solución.

El gobierno federal debería, en consecuencia, reconocer la valentía y la importancia que han tenido las autodefensas en el combate a Los Templarios y, a partir de ahí, debería ser imaginativo y creativo para abrirles espacios legales e institucionales.

Dicho de otro modo, desperdiciar la energía social y la experiencia que han adquirido las autodefensas sería imperdonable; sobre todo, cuando se sabe que la construcción de cuerpos policiacos confiables será una tarea que llevará muchos años.

El gobierno federal, por lo demás, está pagando los errores que cometió en Michoacán. Primero, al replegar las fuerzas federales al inicio de la administración. Y luego, al subestimar la gravedad del problema y suponer que con unos cuantos contingentes federales contendría a Los Templarios.

Se equivocó, también, al iniciar el desarme de las autodefensas y encarcelar a sus integrantes por el solo delito de portar armas de uso exclusivo del Ejército.

Porque hay que decirlo con todas sus letras: la Ley Federal de Armas es absurda (al prohibir, por ejemplo, que un civil pueda utilizar una pistola calibre .38 o 9 milímetros) e injusta al dejar a los ciudadanos a merced de criminales que utilizan armas de alto poder.

En resumen, los líderes de las autodefensas tienen toda la razón al afirmar que no entregarán sus armas hasta que las autoridades den resultados y sean capaces de brindarles seguridad. Lo que, ciertamente, no ocurrirá de un día para otro.

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