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23 de agosto de 2011 • 01:57

'Borra' Edomex información sobre gasto de diputados

El Congreso mexiquense está compuesto por siete grupos parlamentarios.
Foto: Terra Networks México S.A. de C.V.

Toluca.- El Congreso del Estado de México no sólo oculta el desglose de sus presupuestos anuales, sino que ahora reporta que no existe información sobre la manera en que los grupos parlamentarios justifican el gasto del erario.

El Comité de Información de la Cámara de Diputados local declaró que no hay en sus archivos documentos que den cuenta sobre las erogaciones de cada una de las siete fracciones parlamentarias.

Mediante un acuerdo fechado el 26 de mayo, el comité reportó que las bancadas legislativas gastan los recursos conforme los van requiriendo y no queda huella del movimiento financiero.

Además, este órgano señala que la Junta de Coordinación Política del Congreso, que encabeza el diputado priista Ernesto Nemer, es la instancia que acuerda la asignación de recursos para cada grupo.

"A los grupos parlamentarios no se les programa y suministra de manera anualizada un presupuesto especial y específico para su ejecución, el gasto se va ejerciendo conforme se presentan las necesidades de los distintos grupos", indica el documento.

Aunque las bancadas en el Estado de México no son sujetos obligados de la Ley de Transparencia, otros Congresos estatales sí revelan estos desembolsos.

Por ejemplo, el de Jalisco publica en su página en internet los informes de gastos trimestrales de cada grupo, y el de Nuevo León y la Asamblea Legislativa del DF reportan la nómina por sección parlamentaria.

REFORMA publicó el 6 de agosto que la Legislatura negó proporcionar, aun cuando lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información, el reporte desglosado de su Presupuesto ejercido en 2010 y el autorizado en 2011, los cuales ascienden en total a 2 mil 568.8 millones de pesos.

El documento donde se declaró la inexistencia de información fue signado por Nemer; Mónica Ochoa, titular de la Unidad de Información; Javier Domínguez, Secretario de Asuntos Parlamentarios; Adán Carbajal, titular de Administración; Fernando Baz, auditor superior, y el Contralor Victorino Barrios.

El acuerdo derivó de una solicitud presentada por un ciudadano, quien, al recibir una respuesta negativa del Congreso, recurrió al Instituto, que a su vez ordenó la entrega de los datos solicitados o emitir la inexistencia de información.

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