Tras dar a conocer que mil 790 servidores públicos estuvieron involucrados en irregularidades administrativas o penales durante 2011, el Visitador de la Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez Flores, presentó un plan de acción que exhibe las problemáticas institucionales que derivan en una inadecuada impartición de justicia.
"Creemos que en el largo plazo debiera ser la apuesta principal de una institución detectar dónde están sus principales carencias, sus principales deficiencias que provocan que no sea eficiente como institución y que sus servidores públicos no tengan los controles suficientes o los incentivos necesarios para cumplir de manera eficiente su función", sostuvo.
La primera problemática con la cual se enfrenta la dependencia es que la información de las averiguaciones previas y el proceso penal no están integrados transversalmente y son poco confiables.
La información institucional, se establece, está vulnerada, las funciones son indebidamente ejecutadas por el personal y permea una deficiente investigación del delito.
Asimismo, hay gran cantidad de órdenes de aprehensión no ejercitadas, no se puede asegurar la regularidad en el comportamiento de los servidores públicos, hay una inadecuada administración de recursos humanos y falta confianza en la institución por parte de los ciudadanos.
El modelo de combate a la corrupción presentado durante la inauguración del foro "Coloquios contra la Corrupción", destaca como líneas de trabajo la capacidad de control y el desarrollo institucional.
Está dirigido a agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Federal de Investigación y peritos, a quienes se les hacen 25 recomendaciones puntuales.
El pasado viernes, REFORMA publicó que de los servidores investigados por irregularidades mil 352 son agentes del Ministerio Público; 237, agentes de la AFI o peritos; 120, mandos; 13, mandos medios; 11, empleados administrativos y 51 no han sido determinados.
Sus conductas abarcan desde faltas administrativas hasta delitos como fraude, abuso de confianza, cohecho y abuso de autoridad, entre otras.
Al evento acudió el subprocurador de Derechos Humanos, Miguel Ontiveros, en lugar la Procuradora Marisela Morales, quien anoche canceló su participación en el foro.
Reforma - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
